por Josefina Muñoz,
noviembre de 2019
En marchas y protestas ha estado muy presente la demanda por una nueva Constitución, y también en las palabras de destacados investigadores, historiadores, académicos, profesionales diversos, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas. Por otra parte, han surgido artículos burlones y descalificadores por variadas razones: juventud (e ignorancia debemos leer) sin capacidad ni conocimientos para este tema, adultos que carecen de los conocimientos indispensables o argumentos como que entre los siglos 19 y 20 hubo ¡250! constituciones en América Latina, que deberíamos suponer que no sirvieron de nada.
En general, no asociamos de inicio Constitución y Derechos Humanos, pero allí está la clave. Ya la Carta Magna consagra derechos humanos que habían sido avasallados por el rey Juan I. La Constitución que nos rige fue elaborada en dictadura, con cadenas suficientes para que quienes tenían la riqueza y el poder económico operaran sin límites. No establece derechos sino libertades, estableciendo una barrera brutal entre quienes pueden “pagar” (una mejor educación, una buena atención en salud), y quienes no pueden hacerlo.
Eso fue uno de los detonantes de las grandes protestas, el sentimiento profundo de haber sido avasallados durante décadas en los derechos básicos a la salud, al trabajo, al estudio, a una vivienda digna, a recreación. Dignidad es otra palabra que surgió con fuerza, porque recordamos que alguna vez la tuvimos y ahora la sentimos perdida y, como sociedad, queremos recuperarla alzando la voz.
Cada habitante de un país, de cualquier condición y formación, tendrá siempre mucho que decir sobre lo que le parece importante, sobre las necesidades de la vida cotidiana que observa en sí mismo o en otros, sobre sus deberes y derechos, sobre sus estudios o trabajos, sobre lo que hace o querría hacer, sobre sentirse o no incluido y respetado en sus diferencias. La Constitución está presente en la vida cotidiana, la regula para bien o para mal, como claramente sucede con la elaborada en dictadura, y solo la participación a través de diferentes canales y espacios puede darnos mayores garantías de que esa nueva que queremos construir recoja nuestras ideas y aspiraciones.
La nueva Constitución debe recoger de manera amplia y democrática las necesidades y anhelos ciudadanos, garantizando un trato igualitario en los temas centrales de la vida de cada persona -educación, trabajo, salud, vivienda, recreación, pensiones-, asegurando, además condiciones de igualdad entre géneros. Por otra parte, y muy importante, dar presencia social y política a nuestras etnias originarias.
Numerosas voces han comenzado a compartir argumentos, aclarar dudas, expresar reparos. Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional de la U. de Chile señala que, a pesar de que ha sido reformada 40 veces en la trampa del consenso, sigue siendo la Constitución de la dictadura y tiene el problema de la legitimidad de origen (Hoy por hoy, 11.11.19). Y Joaquín Lavín (El Mercurio, 11.11.19) afirma “Creo que Chile necesita una nueva Constitución que nos una y el camino es institucional. Aunque la hayan firmado Ricardo Lagos y Francisco Vidal, simbólicamente sigue siendo la Constitución del 80”.
Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional y que se ha revelado como un serio líder político, señaló en radio Cooperativa: “Aquí tiene que haber reformas sociales potentes, tiene que haber también una agenda de orden público, tenemos que darle una señal a estos señores que están incendiando y saqueando como si estuviéramos en el far west, y lo tercero es un itinerario constitucional que deje conforme a todos, a la mayor cantidad de gente posible, de manera que tengamos un horizonte claro respecto a cuándo habría una nueva Constitución y que ese proceso pase por conversar con la ciudadanía, por escuchar a la ciudadanía, y porque finalmente la ciudadanía, al término del proceso, sea la que ratifique o no todo lo obrado”.
El trazado del camino a una nueva Constitución requiere la presencia y las ideas de cada uno de nosotros, aunque no seamos especialistas en temas jurídicos ni dominemos ese lenguaje. Realizar un plebiscito para que las personas digan si quieren una nueva Constitución es el inicio del camino; algunas voces, Fernando Atria entre otros, han planteado que también debería plebiscitarse el mecanismo: Congreso, Asamblea Constituyente, proceso mixto con parlamentarios.
Claudia Heiss, cientista política y experta en Constitución, en entrevista de CIPER CHILE (12.11.19) señala: “El Congreso es el único órgano de la administración pública donde se confrontan ideas distintas y tiene que parecerse lo más posible a la sociedad. Por eso es tan terrible cuando dicen que casi todos vienen de cinco colegios, o que son primos. No puede ser un club de hombres ricos blancos. Para tener un Congreso diverso, que represente a la sociedad chilena y que, por lo tanto, sea capaz de tomar decisiones legítimas, tiene que parecerse a la ciudadanía. Y mientras más chico, menos representativo. No puede ser un parlamento de ricos legislando para pobres sobre un sistema público que no usan, que es lo que pasa hoy”.
Es partidaria también de una Asamblea Constituyente, que tiene mayores posibilidades de recoger más democráticamente en cada región del país las voces de hombres y mujeres, las voces de los pueblos originarios, de los ciudadanos en su conjunto, durante un tiempo suficiente y acotado, que permita informarse, discutir y consensuar. Creo que una mayoría está por ese camino, indiscutiblemente más representativa, y a pesar de que no se dará tan fácilmente, hay que presionar para llegar a la meta.
La Constitución de la Unidad Popular
Desapareció en el olvido colectivo, porque no pudo ser. El 10 de septiembre de 1973 el Gobierno informó que al día siguiente el presidente Salvador Allende hablaría en cadena nacional; uno de los temas era el plebiscito sobre esta posible nueva Constitución… y se desató el 11.
En 2013 Sangría Editora publicó dicha propuesta, aunque hasta ahora no se ha rescatado el total de los documentos. Transcribo las palabras del Presidente Allende que presentan el texto, porque son la base fundamental de toda Constitución democrática que. Como tal, requiere la participación de todos los ciudadanos desde el lugar en que estemos:
“Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba,
sino desde las raíces mismas de su propia convicción
de donde debe nacer la Carta Fundamental
que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”.
En su inicio, declara que: “La República de Chile es un Estado unitario, de Gobierno democrático y popular, que se apoya en la fuerza creadora de los trabajadores. Integra la comunidad latinoamericana y participa en la comunidad universal como país libre, soberano y económicamente independiente. El fin de su organización social y política es crear una sociedad fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia, en que se asegure el desarrollo integral y digno de la personalidad humana como consecuencia del dominio y goce comunes de los recursos naturales y bienes de producción fundamentales, y del término de la explotación del hombre por el hombre. Todo el poder reside en el pueblo, el que lo ejerce participando en las formas de autogobierno popular que la Constitución establece, o delegando su ejercicio en las autoridades que ella determina. Todo aquel a quien el pueblo ha confiado representación o autoridad responde de los actos que ejecute en el desempeño de estas funciones, y debe ejercer sus facultades de acuerdo a las competencias y finalidades que la Constitución y las leyes le señalan”. (…)
Constitución de 1980
La elaboración de esta nueva Constitución se inició el 23 de septiembre de 1973, a cargo de una Comisión de Estudios de exclusiva confianza de la Junta, presidida por Enrique Ortúzar Escobar e integrada por Jaime Guzmán Errázuriz, Sergio Diez, Jorge Ovalle, Alicia Romo y otros. El 5 de octubre de 1978 le entregaron un anteproyecto constitucional a Pinochet, la Comisión se disolvió y se constituyó el Consejo de Estado integrado por civiles y militares. El 8 de julio de 1980 el Consejo entregó su proyecto a la Junta, quien formó un nuevo equipo, incluida la propia Junta.
El 11 de septiembre de 1980 se realizó un plebiscito en ausencia de registros electorales y, en la mayoría de los casos, en locales que ni siquiera tenían casetas para resguardar el secreto de la votación; un 65,71% de los votantes se manifestó a favor.
El académico Francisco Zúñiga señala que, a pesar de haber sido reformada más de 40 veces, sobreviven intactas reglas-trampas especialmente diseñadas por quienes la redactaron en años de dictadura. En palabras de su principal ideólogo, Jaime Guzmán Errázuriz, “si llegan a gobernar los adversarios, que se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.
Algunas de esas trampas tenían el objetivo final de impedir que los gobiernos de la Concertación tuvieran mayoría en el Congreso; recién en 2005 la derecha contribuyó con sus votos a terminar con los senadores designados. Persisten el sistema electoral binominal, quórums requeridos para reformas constitucionales excesivamente altos. La afirmación del presidente Lagos en 2005 de que la Constitución pasaba a ser un “piso institucional compartido” no demostró serlo ni en ese momento ni ahora. Y las instituciones no han funcionado, realidad percibida por esta ciudadanía que despertó a luchar por sus derechos, porque la Constitución del 80 ha actuado como una camisa de fuerza. De ahí también se deriva la bajísima participación electoral en un marco de voto voluntario, al que se agrega el fuerte descrédito de las instituciones y de los políticos en general.
No creo que el Congreso en su totalidad, senadores y diputados elegidos por nosotros, pero cada vez por menos votantes, no hagan nada, sean ociosos, todos corruptos, etc. Pero no contribuye a su prestigio verlos por sus canales de difusión televisivos hablando ante hemiciclos casi vacíos, en ausencia de sus propios compañeros de partido. Conocer su escasa asistencia (incluso reconociendo que parte de su trabajo requiere presencia en las regiones que representan), es un insulto a todos los empleados públicos, a todos los trabajadores, que pueden ser despedidos si hicieran lo mismo sin justificación valedera.
De paso, relevo las imágenes de televisión que mostraron a nuestros políticos trabajando en los acuerdos el día jueves 14 hasta la madrugada, sudorosos, extenuados. Pudimos verlos en un rol que parecían haber abandonado y que, esperamos, se mantenga en el tiempo, de manera que puedan abocarse al trabajo que les corresponde y para lo cual fueron elegidos por todos quienes votamos para que nos representaran.
Proyecto de Constitución del gobierno de Michelle Bachelet
Fue uno de los tres grandes compromisos de la campaña de la Nueva Mayoría, junto a las reformas educacional y tributaria. En estas dos últimas subsisten prestadores públicos y privados, lo que implica mantener el modelo neoliberal; así, se proponen modificaciones, pero no cambios sustanciales.
Entre abril y agosto de 2016 se realizaron encuentros autoconvocados de grupos afines, así como otros pertenecientes a sindicatos, universidades y otros. Los problemas internos de la NM, especialmente las claras diferencias con el sector más de derecha de la DC, marcaron un lenguaje orientado a no molestar a los ‘disidentes’
El 5 de marzo de 2018, faltando pocos días para que terminara su periodo, Michelle Bachelet anunció por cadena nacional el envío del proyecto de nueva Constitución, lo que se concretó al día siguiente, en que el documento fue enviado al presidente del Senado. En un programa de la radio de la Universidad de Chile, Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, dijo: “La clase política no quiere una nueva constitución y eso es súper evidente, porque no es solo reformar tres o cuatro capítulos de la constitución vigente; nueva constitución es tener una nueva estructura para las relaciones de poder político en la sociedad. Es algo que impacta no solamente en las normas jurídicas, es algo que impacta en las relaciones de poder en la sociedad”.
Abriendo caminos
Sin duda, el modelo económico que se nos impuso hace décadas, y continuó sin mayores cambios después del 90, ha sido el detonador de las protestas. Es el modelo que la Constitución del 80 consagró y amarró con cadenas, pero que ahora ha comenzado a ser desnudado en todas las injusticias y desigualdades que contiene. El cambio no será fácil y el día a día irá empujando la necesidad de transformaciones.
Las palabras, dichas o escritas en entrevistas y artículos que conocemos cada día nos permiten pensar que tanto algunos representantes políticos de la derecha como de la oposición, desde sus diversos espacios laborales, parecieran haber escuchado la ‘voz de la calle’, la voz disidente que reclama porque el modelo los ha convertido en víctimas, en clientes que no tienen dinero para pagar esas libertades que la Constitución aseguraba para todos. Pareciera también que se han dado cuenta de la urgencia de reconocer, al menos, las fallas del modelo y responder a estos reclamos.
En primer lugar, me parece importante conocer la opinión de quienes han sido partidarios y defensores del modelo económico, porque refleja un primer reconocimiento de las grietas e inequidades que ha generado. Cito al economista Jorge Marshall, con su artículo “Corregir el modelo, urgencia y oportunidad” (El Mercurio, 26.11.19) donde señala: “Este modelo nos permitió crecer cuando había grandes holguras, el entorno externo era favorable y las condiciones sociales eran muy diferentes a las actuales. Pero no tuvo la capacidad de adaptarse a los cambios que fueron ocurriendo en el entorno, porque los pilares a través de los cuales se organiza la sociedad están fuera de balance: la supremacía de los mercados sobre el Estado y la sociedad genera un sistema ineficiente en lo económico e inestable en lo político, por lo que su rectificación debe apuntar a generar un nuevo equilibrio entre ellos”.
“Hoy se hace urgente diseñar una agenda que aborde tres materias clave: aportar mayor seguridad en el acceso a servicios básicos de calidad; emparejar la cancha en que se desenvuelven las personas y las empresas, (…) Primero, es indispensable construir mecanismos que aseguren el acceso de la población a servicios básicos de calidad (educación, salud, pensiones e integración social y urbana). La confianza en el progreso de las personas y de sus familias refuerza los mecanismos del mercado y de la democracia. Sin embargo, la infraestructura social que genera esta confianza en el país se ha debilitado, como lo ilustran todas las encuestas de opinión”.
Y más adelante acota: “Restablecer el balance en el modelo económico requiere generar mecanismos institucionales para asegurar que los mercados funcionen en beneficio de todos”. Claramente, uno de los sentimientos que detonaron la protesta es la percepción de los daños provocados en amplios sectores de la población por un mercado con un poder monopólico sin límites.
El periodista Daniel Matamala (La Tercera, 30.10.19) escribe: “En esta columna se ha repetido una y otra vez, -majaderamente, es verdad- sobre la bomba de tiempo que representa una clase dirigente que ve el país como su club de amigos, atrincherada junto a sus compañeros de colegio en los directorios de las grandes empresas (53% viene de 9 colegios) y en el gabinete (67% de 6 colegios)”.
Fernando Atria (La Tercera 30.10.19) señala que luego del triunfo de S. Piñera en la segunda vuelta, la interpretación generalizada fue que el pueblo rechazaba el programa de Bachelet. “Era entonces necesario reparar el daño irresponsablemente causado y relegitimar el modelo. Para esto, la agenda del gobierno era explícita: en materia previsional, ratificar el principio de ahorro individual forzoso; en materia tributaria, menos impuestos a los ricos, para fomentar la inversión; en materia laboral, menos protección y más precarización; (…).
El sociólogo, economista y académico español Manuel Castells (La Tercera, 30.10.19) frente a la pregunta de posibles caminos que puede tomar el conflicto actual afirma que serán “Los caminos que irán encontrando los ciudadanos en debate abierto y constituyente con aquellos fragmentos del sistema político que de verdad quieran refundar la democracia. Lo que no hay es vuelta atrás. Puede imponerse un orden a la fuerza ahora, pero podría ser el preludio del caos”.
El camino como ciudadanos que somos es participar y seguir haciéndolo; no comparto la violencia, pero entiendo que en estallidos como este, salen a la calle no solo quienes quieren legítimos cambios, sino traficantes, delincuentes, infiltrados de diversos sectores, que persiguen otros objetivos.
Los informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional han sido lapidarios en relación al no respeto de los derechos humanos de los manifestantes civiles por parte de agentes del estado, así como también los han sufrido uniformados, que siempre deben usar fuerzas no letales en situaciones de protección del orden público, sin cometer abusos. Más de 220 lesiones oculares de manifestantes, que han significado pérdida de visión de un ojo, ceguera y pronósticos aún inciertos.
Quiero terminar citando al científico y académico Claudio Gutiérrez, para quien una nueva Constitución tendrá legitimidad si es elaborada por toda la ciudadanía, es decir, por una Asamblea Constituyente. “Basta de vivir aislados y que desde arriba nos pregunten de vez en cuando sobre un menú de opciones y candidatos que esa misma elite decide. La gente quiere participar en el diseño y la elaboración de su vida. La gente quiere hacer suya una carta de convivencia. Lo único que es realmente nuestro es aquello que hacemos, nuestras vidas, nuestras ideas, nuestras convicciones. Esto es lo que hay que contrastar, deliberar, desde el nivel más primario. (…) Y eso hay que transformarlo en un proyecto de vida común, en una manera de convivir en conjunto. Eso es la Constitución desarrollada a través de una Asamblea Constituyente”.
