Necesitamos políticas públicas pensadas para varias décadas, que den respuesta a un proyecto educativo país, capaces de generar y sostener una educación pública de calidad para esa ciudadanía, que comparte un conjunto de derechos democráticos, gracias a la socialización compartida con otras personas. Gratuita, obligatoria, colaborativa, laica, que articule los diferentes niveles y el tránsito entre ellos durante toda la vida.

El actual sistema educativo fue consagrado en la Constitución del 80, elaborada en dictadura y ha continuado rigiéndonos ya por varias décadas, con una estructura apoyada en el modelo neoliberal. Su aplicación y rápida extensión generó consecuencias muy negativas, como alta privatización sin mayor control; extrema desigualdad y segregación, afectando especialmente al estudiantado que pertenece a los quintiles más pobres. Las primeras diferencias evidentes luego de la municipalización se generaron por las diferencias entre municipios de altos ingresos y aquellos de bajos ingresos.

Una primera pregunta es si es posible hablar de “calidad” de la educación, vocablo altamente polisémico, aplicable a una diversidad de ámbitos propios de la vida y el quehacer humanos. En el caso de educación se requieren múltiples interrelaciones que vayan articulando procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo poniendo atención en los resultados, -visión empresarial- porque la tarea de la educación es formativa y considera que los tiempos de logro de cualquier aprendizaje varían de un ser humano a otro, pero el conjunto puede alcanzar las metas. Una premisa básica es que cada persona puede aprender, en diferentes tiempos y modos, en un proceso en que el conjunto de participantes involucrados aprende y enseña, más allá de sus roles y responsabilidades específicas, entregando y recibiendo los apoyos necesarios.

Nuestra educación se transformó en una empresa, a la cual se aplicaron todos los conceptos propios de dicho ámbito, sin cuestionamientos ni análisis de pertinencia. La aceptación acrítica del modelo neoliberal continuó en estas décadas con los resultados negativos que conocemos. La educación pública, lo que quedaba de ella, perdió el norte educativo, transformándose en otra forma de exclusión y en un simulacro de educación, especialmente para ese 50% de familias que trabajan y reciben un salario de $400.000 (y a veces mucho menos) para apenas sobrevivir.

Investigaciones de los últimos años han mostrado que el factor de mayor incidencia en los buenos aprendizajes es el origen socioeconómico del estudiantado y no la tarea educativa de los establecimientos. En este contexto y con desaprensiva ligereza, instituciones, gobiernos, sociedad han hecho sinónimos calidad y SIMCE (Sistema de Medición de Calidad de la Educación) y, en función de esa relación, se han establecido políticas perversas de incentivos económicos orientadas a docentes y establecimientos, así como el correspondiente sinnúmero de personas y entidades que ofrecen sus servicios para “mejorar” los resultados.

Se ha concluido equiparando calidad con productividad, con criterios similares a los que se aplican al control de calidad de una partida de tarros de conserva. Por otra parte, tanto el conjunto de establecimientos que acogen la trayectoria educativa y quienes se desempeñan en ellos, ha sufrido los embates del modelo, alejándose del foco de su tarea, la pedagogía. Además, han sido despojados del derecho de tomar decisiones autónomas desde las fortalezas de su formación y desde sus criterios educativos lo que los transforma en ejecutores de ‘instrucciones’, afectando su autoestima.

Por esa senda hemos validado una educación pasiva que enseña a responder preguntas de manera estereotipada y, rara vez, estimula la formulación de preguntas. Medir resultados requiere aplicar pruebas cuyas preguntas dejen de lado las tareas intelectuales más significativas, como comprender, analizar, comparar, opinar, crear, incentivar el pensamiento crítico, ética y valores, pensamiento crítico. En resumen, se mide lo cuantitativo, que puede medirse más fácilmente, y se soslaya lo cualitativo, la parte central de cualquier conocimiento, porque implica un encuentro entre quien aprende y lo aprendido, en el que el análisis y el pensamiento crítico permiten una apropiación comprensiva que se traduzca en aprendizaje y no en una repetición mecánica.

La institucionalidad educativa en conjunto ha sido sometida a una serie de transformaciones concebidas y agenciadas desde fuera, lo que ha afectado sus capacidades de autonomía, sus modelos organizativos, la redefinición de sus funciones sociales, entre otros ámbitos. Por otra parte, se han generado numerosos dispositivos de control y regulación sobre los establecimientos, alejándolos de la centralidad pedagógica y del quehacer fundamental que debe darse en la relación enseñanza y aprendizaje, unido a incentivos monetarios a modo de premios y castigos.

Los espacios educativos formales han sido creados con el explícito objetivo de educar, pero, especialmente, el inicio de sus trayectorias requiere la incorporación de los conocimientos y aprendizajes que ya traen niñas y niños desde pequeños, los que pueden ser enriquecidos y/o transformados a la luz de los nuevos conocimientos. También, tienen sus modos de convivencia, de socialización, de valores, de formas de expresar las emociones y los afectos, todo aquello propio de seres humanos que aprenden a convivir con lo diverso desde espacios informales (el hogar, la comunidad, el barrio). En las aulas se reencuentran con la necesidad de tomar decisiones desde lo individual y lo colectivo, reconocen las conductas colaborativas y cooperativas para construir una vida y una sociedad mejores, todos factores fundamentales para la buena convivencia y la formación fundamental de ciudadanía que los establecimientos educativos pueden facilitar y profundizar. En suma, continúan aprendiendo para la vida y en un contexto determinado.

Así, la palabra calidad debe estar ligada a una buena educación para la vida, y pierde su sentido al entregar justificaciones para excluir. Se ha ido normalizando una definición de calidad empobrecida por la simplicidad de las preguntas estandarizadas y alejada de cualquier consideración ética, lo que permite, por ejemplo, que la Agencia de la Calidad de la Educación tenga atribuciones para solicitar el cierre de escuelas cuando no han alcanzado los resultados esperados tras tres años de apoyo.

Por décadas, el modelo educativo ha medido la calidad mediante estándares discutibles y pruebas nacionales y/o internacionales, que se transforman en estereotipos que empobrecen la definición de aprendizaje en su sentido más profundo. Dado que no todo es cuantificable, solo se han fijado objetivos que sí lo son, lo que pareciera ignorar que ningún aprendizaje puede restringirse solo a ese tipo de contenidos, dejando de lado aspectos cualitativos fundamentales, como las habilidades complejas, fundamentales para la vida y el desarrollo de las potencialidades humanas.

Lo anterior tiene implicaciones directas y profundas sobre conceptos como conocimiento, participación, democracia, subjetividad, derechos, etc. y cómo se validan, lo que requiere repensarlos, al igual que las prácticas que derivan de ellos, si queremos asegurar condiciones imprescindibles para las transformaciones que requiere la educación.

El término “calidad” puede aplicarse a los establecimientos, a la propia educación (un sinsentido si nos preguntamos si podría haber educación de “mala calidad”), a todos los niveles de la trayectoria. Lo que no debería suceder es convertir en sinónimos calidad y SIMCE y, en función de esa relación, establecer políticas, incentivos perversos para docentes y establecimientos, crecimiento de un sinnúmero de entes colaboradores en términos de asesorías para “mejorar”. Por otra parte, un currículum tan extenso como el nuestro tampoco incide en mejor calidad, especialmente porque su elaboración ha estado a cargo de especialistas desvinculados del quehacer pedagógico en escuelas y liceos. Este cúmulo de conocimientos está desvinculado de los contextos en que se aplica, en tanto se piensan para un estereotipo de ser humano que no existe, ignorando las grandes diferencias sociales, históricas, geográficas, económicas, culturales, de quienes viven y conviven en el mismo país.

CORPORACIÓN HOJA EN BLANCO – COMISIÓN EDUCACIÓN