El “lenguaje inclusivo” de la corrección política se trata de poder, no de igualdad

Por Hana Fischer

De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a una de las imposiciones más insólitas y absurdas jamás vistas: agregar innecesariamente el género femenino al masculino cada vez que hablamos o escribimos.

Esa tendencia, cual mancha de aceite, se está extendiendo por doquier. Pero a veces llega a niveles extravagantes. Entre ellos, esto que ocurrió en Bogotá. Cuando gobernaba el exalcalde Samuel Moreno Rojas, en 2009 hizo aprobar  el acuerdo 381.

Allí se estipula que tanto al hablar como escribir en cuestiones oficiales, se deberá utilizar un lenguaje incluyente. Por ese concepto hay que entender “el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino”.

El nuevo alcalde Enrique Peñalosa, que asumió en 2015 y pertenece a un partido diferente que sus antecesores, Moreno Rojas del Polo democrático y Gustavo Petro del movimiento Progresistas, decidió que la frase “Bogotá, mejor para todos” sería el lema que identificaría a su administración.

Indignado por esa “afrenta” a las mujeres, el congresista Alirio Uribe (miembro del mismo partido que Moreno Rojas) le entabló una demanda judicial para obligarlo a cumplir el acuerdo 381. En la rueda de prensa que realizó para hacer ese anuncio, estuvo acompañado por el grupo de presión Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá.

El juez que atendió la causa le dio la razón a Uribe. Por consiguiente, le dio un plazo de 20 días a Peñalosa para que cambie la frase “Bogotá mejor para todos” por “Bogotá mejor para todos y todas”, sobre la base de que la primera no era incluyente.

Con anterioridad, el juez había solicitado la opinión de varias organizaciones. Una de ellas fue la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. En su informe al juzgado, afirma que la expresión “todos y todas” corresponde” a una acción afirmativa que no solo hace visible a las mujeres, sino que también permea a todos los grupos que han sido subordinados”.

Esa respuesta evidencia la imperiosa necesidad de que los integrantes de ese centro de estudios tomen un curso de lógica. Urge que aprendan los tres principios lógicos -identidad, no contradicción y tercer excluido- y los utilicen al razonar. Porque si los aplicamos a este caso concreto, si el “todos” no incluye a las mujeres, entonces, es una contradicción decir que “todas” integra a la totalidad de los “grupos subordinados”.

¿Por qué? Exactamente por la misma razón que en su razonamiento el género masculino en el lenguaje no abarca al femenino.

Decir que el género femenino incluiría a los niños, ancianos, minusválidos, transexuales, homosexuales, indígenas, etc, etc, es absolutamente arbitrario. Y no sólo eso, muestra la hilacha: prepotencia y ansia de avasallar a los demás, que se esconde en esa aparente “ingenua” solicitud de equidad en el lenguaje.

En consecuencia, desde el punto de vista de la argumentación, ese razonamiento es inválido.

Por otra parte, el juzgado colombiano se equivocó con respecto a la autoridad a consultar. Y, de no ser así, debería haberlo dejado claro. Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿Del uso correcto del lenguaje o de otras cosas que no tienen nada que ver?

Porque con respecto a nuestro idioma, la autoridad indiscutible es la Real Academia de la Lengua Española (RAE). Por consiguiente, es a ella a quien habría que haber consultado. Pero, si usamos al lenguaje como “arma de combate” feminista, entonces dejémoslo bien claro.

Precisamente la RAE, frente a este torbellino totalitario –no olvidemos que el lenguaje es una construcción social espontánea- se vio obligada a dictaminar:

Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas

Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos.

La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto […] La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos.

Entonces, el quid de la cuestión está en lo que hemos resaltado: la verdadera razón de esa imposición se funda en “razones extralingüísticas”. Por tanto, tratemos de desentrañar cuáles podrán ser.

Uribe había fundamentado su exigencia diciendo que “el lenguaje hace parte de una construcción cultural, que por ello, el lenguaje incluyente y no sexista es importante, por lo que para tener un mejor país, es necesario tumbar las barreras que han generado la desigualdad”.

Dado que a su juicio la imposición de ese “lenguaje incluyente”  conducirá  a sentar las bases para construir un mundo mejor, sin desigualdad entre los géneros, veamos con hechos concretos, cuál vendría a ser la meta tras este feminismo radical.

Para mostrar los resortes ocultos tras esa dinámica, mencionaremos lo ocurrido en Uruguay en un caso judicial. Lo sucedido, es indicio del puerto al que pretenden amarrar al barco del “lenguaje inclusivo”:

Un programa investigativo de televisión dio a conocer la historia de un hombre que perdió la patria potestad en 2014, a raíz de una firma suya que según denunciaba, él no había puesto. Junto a su firma estaba la de Michelle Suárez, una abogada transexual y activista en pro de la igualdad de género y defensa de la diversidad,

“Todo comenzó en 2014 cuando un hombre inició un juicio contra su expareja para visitar a su hija. El día de la primera audiencia, al hombre se le informó que él había dado su consentimiento para perder la patria potestad. Pero el padre de la pequeña dijo nunca haber firmado y denunció penalmente a Suárez porque, presuntamente, le hizo firmar unos papeles que, según le informó, eran para tener una abogada en el juicio.

A su vez, en el escrito confeccionado por Suárez figuraba solo ella como abogada del caso –cuando representaba solo a la madre–, por lo que la jueza pidió que se enmendara el error. Suárez redactó una nota corrigiendo ese detalle, y lo firmó junto a la firma del padre, a quien decía no haber representado. Para enmendar la omisión, Suárez falsificó la firma de la otra abogada a la que presentó como defensora del padre. A su vez, la firma del padre en ese escrito también es falsa.”

Todo esto se probó mediante pericias caligráficas. Ahora el expediente está bajo revisión de la Suprema Corte porque es clara la “indefensión” del padre en ese proceso.

De lo narrado surge que para Suárez “todo vale” con tal de someter al “hombre opresor”. Y que en realidad no busca la “igualdad entre los géneros” sino el dominio de unos sobre otros.

Somos conscientes de que no es válido generalizar a partir de un suceso particular. No obstante, señala una tendencia. Por tanto, queda esta duda flotando en el aire: el lenguaje inclusivo, ¿es una lucha por la igualdad o por el poder?

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