Por qué las universidades y demás instituciones educativas deberían licenciar las obras con que enseñan
Diego Muñoz Valenzuela
Escritor, presidente de la Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL
Cada semestre se repite la misma escena en las universidades e instituciones educativas chilenas. Un profesor define la bibliografía de su curso, selecciona capítulos, ensayos, artículos, cuentos; los escanea —o encarga la tarea a una fotocopiadora— y los sube a alguna plataforma virtual. Al instante siguiente, decenas o cientos de estudiantes descargan los archivos y empiezan a leer. Es una escena noble: así se forma una persona y se transmite un pensamiento. Pero en esta escena falta alguien: quien escribió esas páginas.
No hablo de una abstracción, lo digo desde mi propio oficio de escritor. Hablo de la profesora-investigadora que dedicó una década a escribir un libro, del cuentista cuyo relato se analiza en un curso, del ingeniero que escribió el manual técnico con que se forman los especialistas, de la pequeña editorial que apostó por publicarlos. Gente real, con nombre y apellido, que en la mayoría de los casos no recibe reconocimiento ni compensación por el uso intensivo y recurrente de su trabajo.
Sadel, la Sociedad de Derechos de las Letras, que hoy me toca presidir, existe precisamente para reparar esa ausencia de los autores en este circuito. Y la herramienta que Sadel ofrece a las universidades e instituciones educativas es simple: una licencia de uso de obras. Quiero explicar aquí por qué les conviene adquirirla y por qué es mucho más que un mero trámite.
Lo que la ley permite y lo que el aula necesita
Suele creerse que la docencia está libre de toda obligación en materia de derechos de autor. No es así. La Ley 17.336, de Propiedad Intelectual, contempla excepciones educativas, pero son muy acotadas: se refieren solo a fragmentos breves y con fines ilustrativos. Basta mirar con honestidad cualquier carpeta de curso, sea física o digital, para darse cuenta de que los usos reales de la docencia van bastante más allá de esos márgenes: capítulos completos, antologías armadas por el profesor, repositorios que se renuevan semestre a semestre.
La licencia de Sadel cubre precisamente esos usos. Permite reproducir, digitalizar y poner a disposición de los estudiantes fragmentos y capítulos de obras protegidas, dentro de los márgenes que fija la licencia y con pleno respaldo legal. La institución gana certeza jurídica y, con ella, tranquilidad: desaparece la exposición a reclamos, acciones judiciales y conflictos que pueden dañar su reputación. Asimismo, libera a los profesores y a las bibliotecas de una pesada carga que nunca debió ser suya: la de evaluar caso a caso, sin formación jurídica, si cada fotocopia o archivo digital es lícito.
Un solo acuerdo en lugar de mil permisos
Imaginemos la alternativa. Una universidad que quisiera operar en regla sin una licencia colectiva tendría que negociar permisos con centenares de autores y decenas de editoriales, uno por uno, obra por obra. Una gestión fragmentada, engorrosa, lenta y, al final, costosísima. La licencia reemplaza ese laberinto por un solo acuerdo y un costo anual previsible, moderado y justo.
Con ese acuerdo, la institución accede al repertorio de autores y editoriales chilenos representados por Sadel: literatura, ensayo, ciencias sociales, textos técnicos y académicos, en buena parte de las disciplinas que se enseñan en sus aulas. Y, mediante los acuerdos de reciprocidad que Sadel mantiene con sociedades de gestión de otros países, la cobertura se extiende a obras extranjeras sin que la universidad deba negociar fuera de Chile.
Hay un punto que merece subrayarse. La enseñanza de hoy ocurre, en buena medida, en pantallas: aulas virtuales, plataformas de aprendizaje, cursos en línea, materiales digitalizados. La licencia ampara también ese territorio, que es justamente donde la reproducción se vuelve más fácil, masiva e invisible.
Lo que se paga llega a quienes escriben
Aquí está, al menos para mí, que llevo casi medio siglo escribiendo, el corazón del asunto. Lo que una entidad educativa paga por concepto de licencia no se esfuma en un vórtice administrativo: llega a quienes escriben y a quienes publican. Así se sostiene el ecosistema del libro y la producción intelectual del país, un medio frágil que vive de márgenes estrechos y de mucha vocación. Lo sé por experiencia: en Chile casi nadie vive de lo que escribe; la mayoría escribimos robándole tiempo al descanso.
Hay una paradoja que vale la pena destacar: buena parte de esos autores son académicos de las propias universidades e instituciones educativas. Profesores e investigadores cuyos libros publican editoriales universitarias o independientes, y que luego circulan en las aulas de otras instituciones. Cuando una universidad adquiere una licencia, no paga a un tercero ajeno: retribuye a la propia comunidad intelectual de la que forma parte.
Una cuestión de coherencia
Las universidades enseñan a citar las fuentes. Sancionan el plagio. Defienden, con total razón, la propiedad intelectual de sus investigadores: patentan, registran, protegen. Resultaría extraño que esa misma institución mirara hacia otro lado cuando están en juego los derechos de otros autores. La licencia no es una concesión; es coherencia. Una institución que forma con integridad académica predica con el ejemplo cuando respeta el trabajo ajeno con la misma seriedad con que defiende el propio.
Para las universidades públicas este argumento adquiere un peso adicional. Su misión incluye un compromiso explícito con la cultura nacional, su preservación y desarrollo. Licenciar las obras que usan es una forma directa, concreta y medible de cumplir con ese compromiso. Visto así, el pago de la licencia deja de ser una partida más en la planilla presupuestaria y pasa a ser lo que realmente es: un aporte a la cultura del país, hecho por quienes más se benefician de ella.
Más que un contrato
La relación que Sadel propone no termina con la firma. Ofrecemos acompañamiento y asesoría a bibliotecas y unidades académicas: orientación sobre buenas prácticas en el uso de obras protegidas, resolución de dudas, adaptación de la licencia a las necesidades de cada institución. No todas las universidades son iguales y no pretendemos tratarlas como si lo fueran.
Las instituciones que adquieren la licencia obtienen además el Sello Sadel, un distintivo que identifica a quienes usan obras protegidas respetando los derechos de autoras, autores y editoriales. Contar con él significa cumplir la Ley de Propiedad Intelectual y retribuir de forma justa a quienes crean y publican. Es, también, una señal pública: la institución sabe que detrás de cada página hay alguien.
Este 9 de noviembre, Sadel cumple 26 años. Desde su fundación, nuestra organización ha trabajado para que los derechos de autoras, autores y editoriales sean reconocidos y respetados, y para que quienes crean reciban una justa retribución por el uso de sus obras. Han sido años de avances, aprendizajes y también de desafíos, pero el propósito sigue siendo el mismo: que detrás de cada libro, cada texto y cada página haya un trabajo creativo que merece ser valorado. Esa es, en definitiva, la convicción que nos ha guiado durante estos 26 años y que da sentido a nuestra labor.
Volver a la escena
Vuelvo a la escena planteada al comienzo: el profesor, la bibliografía, los estudiantes que descargan lecturas. No pedimos que esa escena cambie; al contrario, queremos que se multiplique, que se lea más y mejor en nuestras aulas. Solo pedimos que en ella aparezca, con nombre y apellido, quien escribió esas páginas. Que la lectura sea, además de un derecho de quien aprende, un acto de reconocimiento hacia quienes crean y difunden.
Leer con derecho. Esa es la invitación que Sadel hace a las universidades e instituciones educativas de Chile. Estamos disponibles para conversar con cada una de ellas.






Buen libro! Gran escritor