Educación Pública para El Siglo XXI

La Comisión de Educación de la Corporación Hoja en Blanco, ha enviado a Letras de Chile el artículo EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL SIGLO XXI. Invitamos a leerlo y difundirlo.

Una tarea pendiente es repensar y diseñar la educación pública que necesitamos en este nuevo siglo, diferente a la que conocimos en el anterior, y en el marco de una concepción de política pública que responda a las necesidades del país y de la ciudadanía.

El modelo neoliberal implementado en dictadura hizo desaparecer el Estado democrático. Apoyado en la Constitución de 1980, cambió un Estado subsidiario que restringió el gasto fiscal y afectó la educación a través de una alta privatización de los establecimientos de todos los niveles de la trayectoria escolar. Instaló así una férrea lógica de mercado que afectó, especialmente, al ámbito social y despojó al país y a sus habitantes del concepto y presencia protectora de la seguridad social.

El país requiere un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública que acoja y dé cuenta de las necesidades e intereses individuales y sociales del país y del conjunto de la sociedad, en consonancia con un nuevo modelo económico, que no se base exclusivamente en venta y exportación de recursos naturales que no tienen valor agregado. Solo así tendremos una buena educación pública, con sentido, condición fundamental del crecimiento del país y con mayor participación de la comunidad.

Dicha educación pública debe recuperar el concepto central de la educación como un derecho garantizado para la ciudadanía. Junto a lo anterior, recuperar y valorar la capacidad de los establecimientos educativos y las respectivas comunidades que los integran de construir sus fines y sentido desde un trabajo colaborativo, adecuado y pertinente a los contextos específicos, con la necesaria libertad para tomar decisiones pertinentes a los contextos de las aulas que acompañan.

Desde los niveles iniciales hasta los superiores, los espacios educativos públicos y abiertos a sus respectivos entornos y a la sociedad de la que forman parte, contribuyen a una buena socialización de sus participantes, en tanto predominan ambientes de aprendizaje inclusivo, no segmentados ni segregados, democráticos y plurales.

La municipalización implementada en dictadura generó un sistema extremadamente segregado socioeconómicamente, en el que los resultados no dependen tanto de los procesos educativos, sino del origen del estudiantado. Afectó de manera importante a la educación pública (municipal), cuya matrícula disminuyó sustantivamente; por otra parte, la percepción social sobre ella empeoró, en tanto concentra a los estudiantes que pertenecen a los quintiles más pobres, ya que las escuelas particulares (subvencionadas, con financiamiento compartido, pagadas, etc.) cuentan con numerosas vías que les facilitan seleccionar a los postulantes. A pesar de lo anterior, diversos estudios han demostrado que los estudiantes de los quintiles pobres logran mayores aprendizajes en los establecimientos municipalizados.

Nuestro sistema educativo, en todos los niveles, se fue transformando en un muy buen negocio para privados, quienes reciben aportes cuantiosos desde el Estado; somos unos de los pocos países, quizás el único, en que el apoyo monetario a particulares no está supeditado a la exigencia de no cobrar por dicho servicio. Vale la pena señalar que en EE.UU. y muchos países europeos existen sistemas de educación básica y media estatales, en porcentajes mayores al 90%.

Por otra parte, se han aplicado -sobre todos los niveles educativos- modelos economicistas (capital humano, eficiencia, eficacia, rendimiento…) y de gestión empresarial aplicados a lo pedagógico y lo académico, con el apoyo de diversas agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el BID, UNESCO… Educadores, docentes, académicos, deben destinar muchas horas de trabajo a llenar informes, cuestionarios, etc., que son requisitos para el financiamiento, alejándose de la tarea fundamental: acompañar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en conjunto con sus destinatarios.

Los grandes movimientos estudiantiles tuvieron como respuesta en 2017 la ley N° 21.040, que creó una nueva institucionalidad para trasladar los establecimientos educacionales, jardines infantiles VTF (supervisados y financiados por JUNJI Vía Transferencia de Fondos, VTF), escuelas y liceos de 345 municipios, a 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La anterior LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) fue impuesta en marzo de 1990, días antes de asumir el gobierno democráticamente elegido, y operó como un cerrojo para todos los posibles cambios; en 2009, la LGE (Ley General de Educación), tuvo cambios cosméticos, pero nada de fondo).

Algunos antecedentes a considerar

Las siguientes cifras hablan por sí solas del fuerte cambio en cuatro décadas. En números gruesos, en 1981 la matrícula pública ascendía a un 78%; hoy, es el 36% (incluyendo los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP en funciones). La particular subvencionada, era un 15%; hoy es un 55%. La particular pagada, de 7% subió a un 9%.

Si bien la cobertura en el nivel básico y medio es cercana al 100%, los aprendizajes son insuficientes; a lo anterior podemos agregar que más de tres millones de chilenos no ha completado el nivel de educación básica, y varios millones tienen analfabetismo funcional, es decir, no entienden lo que leen.

El nuevo sistema educativo, DEP, en proceso de instalación, fue la respuesta a las principales demandas del movimiento estudiantil de 2006 (“pingüinos”) y 2011: educación gratuita y de calidad, y fin del lucro y de la municipalización. Para ello creó 70 entidades sostenedoras con giro único en educación, los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), dependientes de DEP.

Su proceso de instalación se ha desarrollado principalmente en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, coalición que se opuso a esta ley. Entre otros temas, se ha retrasado el nombramiento de autoridades, el traspaso desde los municipios a los SLEP ha tenido diversas dificultades, los presupuestos han disminuido… Sin embargo, la sola desmunicipalización NO cambia el modelo que concibe la educación como una empresa más.

La Nueva Educación Pública (NEP) requiere un debate amplio con la participación conjunta de los actores involucrados y de la sociedad en su conjunto, donde las políticas públicas deben partir por la definición del país que queremos tener, con criterios centralmente inclusivos que no ignoren las diferencias legítimas de todo tipo (sociales, culturales, lingüísticas), porque la igualdad debe estar cimentada en el derecho universal a la mejor educación pública, gratuita y sin exclusiones para las próximas décadas. Junto a lo anterior, la NEP carece de cuestionamientos estructurales del modelo, que mantiene la misma concepción economicista

Esperamos que la Constitución en proceso de elaboración restituya a la educación su carácter de derecho garantizado, porque la anterior no lo contiene como derecho exigible sino como la dudosa “libertad” de elegir, sin mencionar que dicha libertad existe en la medida que las familias tengan los recursos necesarios para pagar por ella.

Recientemente, la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (CONACEP), en relación con la nueva Constitución en desarrollo, señala que la exclusión “de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” es el hecho más grave. Hay aquí otro tema central a discutir como ciudadanos, no como consumidores. ¿Entendemos todos lo mismo cuando hablamos de libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres? ¿Es así que todos tenemos la posibilidad real de elegir el colegio para nuestros hijos e hijas? ¿Qué significa y cómo se concreta este ‘derecho preferente’? Al menos, habría que reconocer que cuando se habla de esta “libertad”, ella tiene precio, ya que solo quienes pueden pagar, son ‘libres’ de elegir el colegio.

Por lo anteriormente señalado, consideramos que es una tarea pendiente e impostergable un amplio debate sobre la educación pública que el país y todos sus habitantes necesitamos. Se requiere implementar espacios y tiempos de elaboración conjunta de un modelo nuevo, que recoja las ideas, opiniones, aspiraciones, de la sociedad, de la comunidad educativa en su totalidad, porque en ella -y desde ella- hay un conjunto de seres humanos que aprenden y enseñan simultáneamente: estudiantes, educadores/as, profesorado, personal administrativo, familias, académicos universitarios, técnicos, en suma, la totalidad de los niveles educativos con sus respectivas especificidades y actores.

La educación no es neutral, razón por la que requiere anclarse en procesos contextualizados de enseñanza y aprendizaje, acordes con la realidad de un país como el nuestro, que necesita incorporar al quehacer cotidiano las tan diversas características históricas, geográficas, productivas, laborales, sociales, culturales, lingüísticas, que son parte de la vida y de los fundamentales aprendizajes informales de quienes las experimentan.

Resumiendo, necesitamos una educación construida para el país desde políticas públicas pensadas para varias décadas y para el conjunto de niveles, que estructuren una educación pública gratuita orientada a formar ciudadanos, no clientes ni consumidores; ciudadanos que comparten un conjunto de derechos como parte de sus procesos de socialización con otros, y participan en los diferentes ámbitos de desarrollo (educativos, sociales, políticos, valóricos, laborales, culturales, económicos). Laica, que no quiere decir ‘opuesta a cualquier religión’, sino independiente de una concepción religiosa del mundo. Pertinente a las realidades contextuales (humanas, geográficas, laborales, lingüísticas) tan diversas de nuestro país. Inclusiva y multicultural, con la participación del conjunto de participantes en cada nivel y donde los procesos de enseñanza y aprendizaje involucran a todos, más allá del rol específico. Una educación que enseñe a pensar críticamente, a preguntar y no a responder de manera estereotipada. Con financiamiento basal acorde a los requerimientos de cada nivel y sus respectivos proyectos educativos.

Unido a la anterior, sin duda es necesario evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje en su trayectoria, pero no solo con foco en los resultados, ya que las pruebas para ello, especialmente SIMCE, son medios estandarizados que pueden medir las capacidades más básicas del pensamiento, con el agravante perverso de aplicar premios y castigos para personas y establecimientos, de acuerdo a resultados (discutibles) recogidos mediante instrumentos que solo se abocan a lo cuantificable, dejando de lado los aspectos cualitativos, tanto o más importantes que los anteriores para alcanzar buenos aprendizajes.

Una trayectoria educativa es valiosa en la medida que es vista como un proceso en desarrollo, en el que se van ampliando las capacidades de pensar, reflexionar críticamente, tomar decisiones desde los respectivos roles, especialmente en el ejercicio de la relación profesorado-alumnado. Dicho proceso debe ser apreciado como un camino en el que todos van aprendiendo y enseñando, con tiempos diversos de acuerdo a sus procesos de madurez.

Aprender requiere de procesos colaborativos y solidarios entre todos los participantes involucrados; sabemos que, en cambio, la competencia solo refuerza los aspectos excluyentes y aparta del camino a quienes necesitan más tiempo, más conversación, más convivencia con otros legítimamente diferentes, pero iguales en derechos.

El currículum debe incluir temas y contenidos ejes, con la necesaria flexibilidad que permita incorporar en las aulas de cada nivel los contextos de vida de los habitantes, de manera pertinente con una concepción de educación vinculada a la vida cotidiana de los grupos sociales en sus dimensiones personales, laborales, culturales, sociales, creativas.

CORPORACIÓN HOJA EN BLANCO – COMISIÓN EDUCACIÓN