Por Cecilia Aravena Zúñiga / Letras de Chile

En el libro Se hará Justicia, los caminos constitucionales para un nuevo sistema judicial, el autor, Carlos Gajardo, abogado de la Universidad de Chile que se desempeñó en el Consejo de Defensa del Estado y como fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, nos comparte su reflexión y expectativas respecto del proceso constituyente. Gajardo participó en grandes investigaciones, como los casos Fragatas, Comisión Nacional de Acreditaciones, fraude al FUT, caso Penta, caso SQM, Corpesca y estafas piramidales, por lo que puede analizar con mucho conocimiento las áreas críticas que existen en nuestro sistema judicial.

En su reciente publicación, plantea una pregunta fundamental, ¿Cómo se construye y consolida un sistema de justicia que nos de confianza? El ex­fiscal asume el sentir de la ciudadanía y parte reconociendo que la justicia no es igual para todos. La implicancia de esta aseveración es brutal, porque desde esta convicción es difícil lograr la cohesión social que Chile necesita. Resulta muy interesante saber que entre los años 2010 y 2021 Chile disminuyó diecinueve puntos su nivel de confianza en el sistema judicial.

Entonces, ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo se avanza en la dirección correcta? El autor guía esta reflexión al analizar aspectos sustanciales como: la transparencia y corrupción; la responsabilidad y el mando en las policías; la relación entre los poderes del estado; la debida protección al ciudadano que denuncia; la relevancia de los tratados internacionales; el rol del actual Tribunal Constitucional; y el sistema de nombramientos de autoridades del poder judicial y ministerio público.

En un libro de algo más de cien páginas, escrito en forma didáctica, Carlos Gajardo nos pone frente a los casos que han impactado a la opinión pública en los últimos años: como Penta, SQM y Corpesca, entre otros. El texto no está escrito para abogados o especialistas en materias jurídicas, sino que para los ciudadanos comunes y corrientes que nos vimos afectados por estos eventos y por las resoluciones judiciales, que en estos casos provocaron indignación y estupor porque evidenciaron la diferencia de trato para el ciudadano de a pie y el poderoso.

Después de la lectura, quedamos abrumados al constatar las redes de influencias y acuerdos tácitos que existen y que han funcionado en forma muy eficaz para evitar la justicia en nuestro país. Por ejemplo, en el caso Penta, la impunidad con que se terminó en el proceso que involucró al Subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y que impuso clases de ética a los imputados, o el coleccionista de estatuas robadas, Raúl Schuler, que no estuvo ni un solo día preso aún cuando cometió varios delitos. “Los descubrimientos que se hicieron en las investigaciones de Penta, SQM y Corpesca mostraron no solo el financiamiento transversal de campañas con dineros ilícitos, sino también un segundo fenómeno aún más grave: la confección de leyes de la república a pedido”, señala Gajardo, agregando como ejemplo de ello, la tramitación de la nueva Ley del Medio Ambiente (año 2008), la Ley del Royalty Minero (2010) y la Ley de Pesca (2012). Leyes que, en vez de proteger al país, protegen los intereses de privados con la complicidad de algunos parlamentarios y partidos políticos. Cabe preguntarse, ¿Será posible cambiar esta realidad?

A partir de esta lectura y la indignación que ella provoca, se motiva el interés en lo que se proponga en el texto de la Convención Constituyente, que parece ser, la única oportunidad que tenemos para avanzar hacia un nuevo sistema de justicia. Por ello, se hace necesario y recomendable recorrer estas páginas, ya que nos sitúa en el punto en el que lamentablemente estamos y desde allí avanzar hacia la construcción de un Chile distinto. Un país en el que existan los mecanismos necesarios para garantizar un sistema de justicia ecuánime, de excelencia y sobre todo autónomo.

Visitas: 1.213