Leonora Reyes Jedlicki es académica del Departamento de Estudio Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y doctora en Historia. Ha investigado y escrito sobre temas de educación y políticas educativas en Chile. Agradecemos su autorización para publicar este interesante artículo en Letras de Chile.
Por: Leonora Reyes-Jedlicki
Desde Chile, Leonora Reyes-Jedlicki describe la trayectoria del futuro Ministro de Educación y las expectativas que pesan sobre la propuesta educativa de Gabriel Boric
Marco Antonio Ávila es profesor de Lenguaje, Magister en Educación e Innovación, y se desempeñó como coordinador nacional de Educación Media durante el gobierno de M. Bachelet II (2015-2018). Marco Antonio es militante de Revolución Democrática (RD), partido político fundado en 2012 por algunos de los líderes del movimiento estudiantil de 2011, y asumirá como próximo ministro de Educación del gobierno de Gabriel Boric. Pocos minutos después de ser nombrado, un público que había seguido expectante la ceremonia de designación del nuevo gabinete expresaba sin aprehensión su júbilo por esta decisión. Esta cartera es sin duda una de las más estratégicas por su rol en la pandemia, por la permanente incertidumbre que despierta en la población – desde hace casi dos años – la decisión de las autoridades acerca de si al mes siguiente las clases en el sistema educativo serán remotas, híbridas o presenciales. Pero, además, es el ministerio que ha sido más interpelado por el movimiento estudiantil de las últimas décadas.
Tres presidentes de las federaciones estudiantiles más involucradas en el movimiento por la educación durante 2011 ocuparán los cargos de Presidente de la República en el caso de Boric (ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 2012), de Secretario General de la Presidencia en el caso de Giorgio Jackson (ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, 2011) y de Secretaria General de Gobierno en el caso de Camila Vallejo (ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 2011). Las expectativas políticas con Marco Antonio Avila por tanto, son altas. Y por eso las redes se saturaron de elogios ante el dato de que su profesión de origen es docente de aula. Ahora no sería un profesional de la economía ni de la abogacía, como había sido tradición durante los gobiernos de la post dictadura. ¿Cuál es este sentimiento de justicia que se restituye al conocer este dato? ¿La pertinencia profesional hará que se tomen decisiones más atingentes a la realidad de las escuelas? ¿Podrá desarrollarse una mayor cercanía con el idioma de las comunidades educativas? Es curioso cómo funciona el imaginario social con la educación, y con ciertos símbolos como este, el de “ser profesor”.
Marco Antonio Ávila efectivamente lo es. Pero también lo fue Yasna Provoste, ministra de educación durante el primer gobierno de M. Bachelet, quien lideró el acuerdo político cupular tras la movilización pingüina de 2006, que dio paso a la promulgación de la Ley General de Educación, hito ineludible en la apertura del nuevo ciclo del modelo de educación neoliberal. También lo es Mariana Aylwin, ministra de educación del gobierno de Ricardo Lagos en el año 2000, quien lideró las reformas educacionales que consolidaron el modelo de educación de mercado impugnado por Boric, Jackson y Vallejo. Y también lo fue José Navarro, primer ministro de educación de la dictadura militar en plena aplicación de las políticas genocidas en el sistema escolar. Y un poco antes lo había sido Mario Astorga, primer docente con representación gremial a ocupar este cargo durante la Unidad Popular. Es claro que ser docente opera como una imagen poderosa en el imaginario social, como alguien que conoce las materias con las que debe tratar en ese puesto de autoridad. Pero a la vez, y sin duda, opera como un puente que conecta el trayecto entre el proyecto ideológico de gobierno y el del sector social y gremial asociado a su profesión, el profesorado.
Si ser docente y ministro de educación no es novedad en nuestra historia política, ¿qué distingue a Marco Antonio en la representación de las demandas históricas del movimiento social por la educación aún presentes (suponemos) en el nuevo gobierno que lo designa?
Las redes se saturaron de elogios ante el dato de que su profesión de origen es docente de aula. Ahora no sería un profesional de la economía ni de la abogacía, como había sido tradición durante los gobiernos de la post dictadura. ¿La pertinencia profesional hará que se tomen decisiones más atingentes a la realidad de las escuelas? ¿Podrá desarrollarse una mayor cercanía con el idioma de las comunidades educativas? Es curioso cómo funciona el imaginario social con la educación, y con ciertos símbolos como este, el de “ser profesor”.
Marco Antonio encarna el mandato de cumplir “el programa”, que se basa, sabemos, en profundizar la obra inconclusa del gobierno de la Nueva Mayoría (Bachelet II), a través de la instalación de los Servicios Locales de Educación (SLE), entidades públicas que reemplazan gradualmente a las municipalidades como sostenedoras de establecimientos públicos desde 2017, año en que se promulgó la Ley de Educación Pública1. La controversia en este punto no es poca, ya que no existe una buena evaluación ni de su despliegue ni de performance. La controversia al respecto es grande dentro de la izquierda. Desde algunos cuadros técnicos del Frente Amplio y del Partido Comunista que integraron los ministerios de la Nueva Mayoría, de cierta manera “autores” de la estrategia de los SLE, se defienden señalando que la deficiencia en su implementación se debió a la falta de voluntad política del gobierno de Piñera. Pero desde el mundo gremial docente, y las comunidades educativas movilizadas, se alega un error de diseño, incluso más, se cuestiona la noción misma de educación pública que estaría implícita en la Ley, que impide cuestionar el fondo del modelo neoliberal de educación.
Pero existe un antecedente mayor a considerar, para quedar casi sin respiro esperando los movimientos del nuevo ministerio: el vínculo de Marco Antonio con la Convención Constituyente, que se encuentra hasta el 1° de febrero recibiendo las Iniciativas Populares de Norma (IPN) propuestas por la ciudadanía. Aquellas que reciban 15 mil firmas de apoyo serán discutidas por la convención. Como contrapunto a aquellas levantadas por el movimiento social, Marco Antonio trabaja como coordinador de contenido en Educarchile.cl y es jefe de proyectos de la Fundación Chile, que a la vez es parte de Acción Colectiva por la Educación, una plataforma que reúne a fundaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y centros de pensamiento ligadas a las reformas educativas de los gobiernos de la postdictadura profundamente cuestionadas desde los distintos ciclos movilizatorios por la educación: 2001, 2006, 2011, 2015 y 2019. Dicho conglomerado político educativo ha levantado una Iniciativa Popular de Norma (IPN) que defiende la igualdad de trato entre establecimientos estatales y privados, en concreto, defiende uno de los enclaves del modelo neoliberal en educación.
Marco Antonio, el profesor. Sin duda una gran persona y con una innegable trayectoria en el sistema escolar público y privado, representa sin duda el nudo crítico de la tensión neoliberal. Representa el mérito individual, que toda persona tiene derecho a desarrollar. La pregunta es si logrará contrapesar este acento en la individualidad con la idea de colectivo social y participación comunitaria, educación plurinacional y no sexista, que espera un importante sector social que no solo ha sido capaz de movilizarse en la calle, sino ha mostrado capacidad de articulación e inteligencia para pasar de la demanda a la propuesta, exigiendo la ampliación y profundización de su derecho a la educación.
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1La Ley 21.040 promulgada durante el segundo gobierno de Bachelet se propone responder a las demandas del movimiento estudiantil, creando un sistema que apunte a fortalecer la institucionalidad de la educación pública. Con ello se intenta saldar la deuda pendiente con un sector precarizado a partir de las políticas de descentralización autoritaria de la dictadura militar impulsadas a partir de 1980, conocidas como “municipalización de la educación”. Con la implementación de esta ley, se repone la provisión estatal de educación pública, traspasando los establecimientos de dependencia municipal a los servicios locales de educación pública (SLEP), nuevas entidades administrativas que contarán con financiamiento propio. Una de las principales críticas que ha recibido este proceso, desde las organizaciones asociadas a las comunidades educativas, es que con este traspaso no se desmercantiliza la educación pública, pues se imponen criterios de mercado para la educación pública a través de la obligación de firmar convenios de gestión educacional (art. 39) que llevará a los establecimientos a subir los puntajes de pruebas estandarizadas (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE), con metas, indicadores y medios de verificación. Por otro lado, no hay mecanismos de participación real, pues las instancias locales que crea (Consejos Locales de Educación y Comités Directivos) son restringidas y no resolutivas respecto a aspectos centrales de la educación (currículum, evaluación, etc.).
Cualquier parecido con la realidad sólo coincidencia.