III. Nueva constitución: La necesitamos y nos necesita

SOY PARTE DE LA INMENSA HUMANIDAD Y POR ESO VOTARÉ APRUEBO

por Josefina Muñoz Valenzuela
Partido por la Dignidad

En general, no hay una inmediata asociación entre Derechos Humanos y Constitución, pero ese es uno de los temas más importantes de todos los tiempos y, quizás, nunca dejará de serlo. La Carta Magna, un hito en la historia de la humanidad, consagra derechos humanos que habían sido avasallados por el rey Juan I; en palabras del ex Primer Ministro del Reino Unido, el conservador David Cameron (2010-2016): “Al sellar la Carta Magna en 1215, el Rey Juan tuvo que aceptar por primera vez que sus súbditos eran ciudadanos, proveyéndoles de derechos, protección y seguridad”.

Aprovecho de recordar que hubo la posibilidad de una nueva Constitución en el gobierno de la Unidad Popular, pero desapareció en el olvido colectivo. El 10 de septiembre de 1973 el Gobierno informó que al día siguiente el presidente Salvador Allende hablaría en cadena nacional; uno de los temas era el plebiscito sobre esta posible nueva Constitución… y el día 11 se desató la feroz dictadura que tuvimos y que hasta ahora ejerce su poder sobre nuestra sociedad, porque así quedó amarrado férreamente en la Constitución de 1981.

En 2013 Sangría Editora publicó dicha propuesta, aunque hasta ahora no se ha rescatado el total de los documentos. Transcribo las palabras del Presidente Allende que presentan el texto, y que son la base fundamental de toda Constitución democrática:

“Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”.

Al inicio declara que: “La República de Chile es un Estado unitario, de Gobierno democrático y popular, que se apoya en la fuerza creadora de los trabajadores. Integra la comunidad latinoamericana y participa en la comunidad universal como país libre, soberano y económicamente independiente. El fin de su organización social y política es crear una sociedad fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia, en que se asegure el desarrollo integral y digno de la personalidad humana como consecuencia del dominio y goce comunes de los recursos naturales y bienes de producción fundamentales, y del término de la explotación del hombre por el hombre. Todo el poder reside en el pueblo, el que lo ejerce participando en las formas de autogobierno popular que la Constitución establece, o delegando su ejercicio en las autoridades que ella determina. Todo aquel a quien el pueblo ha confiado representación o autoridad responde de los actos que ejecute en el desempeño de estas funciones, y debe ejercer sus facultades de acuerdo a las competencias y finalidades que la Constitución y las leyes le señalan”. (…)

La Constitución de la dictadura y su consagración del modelo neoliberal

Su elaboración se inició muy tempranamente: el 23 de septiembre de 1973, a 12 días del golpe. Una Comisión de Estudios de exclusiva confianza de la Junta, presidida por Enrique Ortúzar Escobar e integrada por Jaime Guzmán Errázuriz, Sergio Diez, Jorge Ovalle, Alicia Romo y otros iniciaron su concienzudo trabajo. El 5 de octubre de 1978 entregaron un anteproyecto constitucional a Pinochet; la Comisión se disolvió y se constituyó el Consejo de Estado integrado por civiles y militares. El 8 de julio de 1980 el Consejo entregó su proyecto a la Junta, que formó un nuevo equipo, incluida ella misma.

El 11 de septiembre de 1980 se realizó un plebiscito en ausencia de registros electorales y, en la mayoría de los casos, en locales que no tenían casetas para resguardar el secreto de la votación, lo que producía inseguridad y miedo, porque ya era sospechoso que alguien no quisiera votar a la vista de todo el mundo, en especial de uniformados que pululaban en todos los locales. Resultado: un 65,71% de los votantes se manifestó a favor, sin duda, un buen porcentaje presionado por las circunstancias.

Este grupo tan cuidadosamente elegido, se aseguró que hubiera candados irrompibles en temas fundamentales para aquellos grupos y sectores de la sociedad que tenían la riqueza y el poder económico, y necesitaban continuar actuando sin límites, aunque ya no estuvieran en el gobierno. Por esa razón no establece derechos sino libertades, estableciendo una barrera brutal entre quienes pueden “pagar” (una mejor educación, una buena atención en salud, una mejor vivienda, una mejor previsión…), y quienes no pueden hacerlo. Por eso establece quórums desmesuradamente altos que impiden los cambios.

Transcribiendo las palabras de su principal ideólogo, Jaime Guzmán Errázuriz, “si llegan a gobernar los adversarios, que se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Sin duda, ese “uno mismo anhelaría” representa al 10% más rico de la población, ese grupo que es dueño de las empresas, de las riquezas del país, de los bancos, que maneja los directorios y toma las decisiones políticas y económicas que los gobiernos ejecutan. Y, desde luego, parte de un grupo que no estando en ese 10%, probablemente no compartiendo todo el ideario, “anhelaría” serlo y, desde el lugar en que está, opera de acuerdo a ese anhelo cada vez más alejado de mínimas normas éticas.

Hoy día la derecha asigna una categoría de terror a la nueva Constitución que queremos, porque partiría de ¡una hoja en blanco! ¿Cómo rechazar las bondades que contiene la antigua? Parece que olvidaron que la Constitución de 1981 partió de una hoja en blanco, que ignoró los derechos humanos (suscritos por prácticamente todos los países después de la Segunda Guerra Mundial) y que, además, ya estaba muy manchada de rojo por todos los crímenes que la dictadura cometió desde el primer día hasta el último momento.

Recordemos que, en 2005, el presidente Ricardo Lagos firmó la “nueva” Constitución, afirmando que desde ese momento pasaba a ser un “piso institucional compartido”, pero no demostró serlo ni en ese momento ni ahora. Y las instituciones no han funcionado, realidad percibida por esta ciudadanía que despertó a luchar por sus derechos, porque la Constitución del 80 ha actuado como una camisa de fuerza. De ahí también se deriva la bajísima participación electoral en un marco de voto voluntario, al que se agrega el fuerte descrédito de las instituciones y de los políticos en general.

Proyecto de nueva Constitución en segundo gobierno de Michelle Bachelet

En su segundo gobierno, el proyecto de nueva Constitución fue uno de los tres grandes compromisos de la campaña de la Nueva Mayoría, junto a las reformas educacional y tributaria. En estas dos últimas subsisten prestadores públicos y privados, lo que implica mantener el modelo neoliberal; así, se proponen modificaciones, pero no cambios sustanciales.

Entre abril y agosto de 2016 se realizaron encuentros autoconvocados de grupos afines, así como otros pertenecientes a sindicatos, universidades y otros. Los problemas internos de la NM, especialmente las claras diferencias con el sector más de derecha de la DC, marcaron un lenguaje orientado a no molestar a los ‘disidentes’. Finalmente, el texto enviado al Congreso para su discusión, no logró el apoyo de las elites políticas, algo que era esperable. En todo caso, haber participado en esos grupos, fue enriquecedor y esperanzador, en tanto permite darse cuenta de que muchos piensan de manera similar y tienen posición e ideas sobre los cambios necesarios.

El 5 de marzo de 2018, faltando pocos días para que terminara su periodo, Michelle Bachelet anunció por cadena nacional el envío del proyecto de nueva Constitución, lo que se concretó al día siguiente, en que el documento fue enviado al presidente del Senado. En un programa de la radio de la Universidad de Chile, Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, dijo: “La clase política no quiere una nueva constitución y eso es súper evidente, porque no es solo reformar tres o cuatro capítulos de la constitución vigente; nueva constitución es tener una nueva estructura para las relaciones de poder político en la sociedad. Es algo que impacta no solamente en las normas jurídicas, es algo que impacta en las relaciones de poder en la sociedad”.

Por qué necesitamos una nueva Constitución

En primer lugar, porque la que nos rige es ilegítima en lo absoluto. Cito algunas opiniones, todas entregadas poco después del estallido del 18 de octubre de 2019:

Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional de la U. de Chile señala que, a pesar de que ha sido reformada 40 veces en la trampa del consenso, sigue siendo la Constitución de la dictadura y tiene el problema de la legitimidad de origen (Hoy por Hoy, 11.11.19).

Joaquín Lavín (El Mercurio, 11.11.19) afirma “Creo que Chile necesita una nueva Constitución que nos una y el camino es institucional. Aunque la hayan firmado Ricardo Lagos y Francisco Vidal, simbólicamente sigue siendo la Constitución del 80”.

Claudia Heiss, cientista política y experta en Constitución, señala en entrevista de CIPER CHILE (12.11.19): “El Congreso es el único órgano de la administración pública donde se confrontan ideas distintas y tiene que parecerse lo más posible a la sociedad. Por eso es tan terrible cuando dicen que casi todos vienen de cinco colegios, o que son primos. No puede ser un club de hombres ricos blancos. Para tener un Congreso diverso, que represente a la sociedad chilena y que, por lo tanto, sea capaz de tomar decisiones legítimas, tiene que parecerse a la ciudadanía. Y mientras más chico, menos representativo. No puede ser un parlamento de ricos legislando para pobres sobre un sistema público que no usan, que es lo que pasa hoy”.

Andras Uthoff, economista, siempre expresa con claridad los problemas generados por el modelo, porque no deja fuera del análisis que hay seres humanos involucrados y afectados, y que no todos lo experimentan de igual manera. Respecto al rol de la Constitución, lo cito especialmente por el tema de seguridad social, ámbito de gran centralidad para todos, porque incluye el desempleo, la invalidez, la maternidad, la atención de enfermedades. Todas estas áreas se han visto seriamente afectadas en tanto el sistema dejó de ser solidario para centrarse en los aportes individuales.

“Quienes en 1990 recuperaron la democracia y sus instituciones, prometieron la alegría administrando un modelo económico que traía enraizada una tremenda omisión. Uno que privilegiaba el mercado y relegaba al Estado a un rol exclusivamente subsidiario. Un modelo que prometía alcanzar el desarrollo del país sin seguridad social. Esto le impidió cumplir con sus promesas”. (Rescatando la seguridad social, Especial Palabra Pública, U. de Chile N° 16, nov-dic 2019)

Del mismo artículo, en relación a la seguridad social, “se hizo desaparecer con tres medidas implícitas de la dictadura y su Constitución. Primero, la cotización que trabajadores y empleadores aportaban por trabajador e ingresaban a cajas donde el Estado actuaba en calidad de patrocinador, se transformó en una cuota de ahorro de propiedad exclusiva del trabajador y que obligatoriamente se debía depositar en AFP con fines de lucro. Segundo, el empleador se eximió de contribuir al sistema, excepto por una pequeña prima para un seguro de invalidez. Tercero, el Estado asumió el financiamiento del costo fiscal de transitar desde un sistema de reparto a uno de capitalización en cuentas individuales, y se comprometió a regular y supervisar una industria de administradoras de fondos de pensiones”.

“(…) El trabajador pasó a ser el único responsable de su futuro previsional y mutó desde un ciudadano con derechos a un consumidor de servicios financieros, a merced de una industria a la que se enfrenta con completa indefensión y asimetría de información. Terminó siendo el único responsable de gestionar riesgos que estaba fuera de su control, como son aquellos asociados a la falta de oportunidades de empleo, la caída en la rentabilidad de los fondos y el aumento de la longevidad”.

Estos últimos párrafos nos muestran cómo llegamos a la situación actual, en que un alto porcentaje jubila con pensiones miserables y, además, por culpa propia: no haber sido capaz de mantener su trabajo o ahorrar poco. Destaco para no olvidar que esa tasa de 10% que sale de nuestro salario a las AFP, NO TIENE aportes del empleador.

Hay temas centrales en la vida de cada ser humano, porque todos compartimos iguales necesidades. Esos temas son derechos, no solo servicios que pueden pagarse cuando determinados ingresos lo permiten con creces y por ello cada Estado debe dar respuesta oportuna y justa a quienes no pueden pagar por ellos.

El Estado que necesitamos tiene un rol muy diferente al que le asigna la Constitución del 81, estrictamente subsidiario, y debe ser capaz de garantizar a la sociedad un trato igualitario en dichos temas: educación, salud, trabajo, vivienda, pensiones, resguardando la paridad de géneros y dando presencia social y política a nuestras etnias originarias. La subsidiariedad lo restringe a poner parches insuficientes y la desigualdad se traduce en la extrema segregación que invisibiliza al 90% de la población de distintas maneras, y de maneras extremas a más del 50% de la población que “vive” con $300.000 mensuales o menos, en el caso de los jubilados.

Esas son algunas de las razones más importantes de por qué la Constitución actual no puede dar respuestas adecuadas a las demandas sociales: fue hecha precisamente para ignorarlas.

En el ámbito del derecho a la seguridad social, por ejemplo, si se quisiera cambiar, requiere la mayoría absoluta de diputados y senadores. En el ámbito de los derechos educacionales el quórum para cambiarlo es aún mayor: 4/7 de diputados y senadores. Así, se privilegia el mundo privado y el público queda relegado a parches insuficientes que solo enmascaran las profundas desigualdades.

Uno de los detonantes de las grandes protestas, fue el sentimiento profundo de haber sido avasallados durante décadas en los derechos básicos a la salud, al trabajo, al estudio, a una vivienda digna, a recreación. Y eso es lo que se describió tempranamente con la frase “Chile despertó”; un despertar desde la desesperanza, la desilusión, la falta de referentes políticos y éticos. A propósito de esto, me dio mucha emoción, pero también esperanza y energía, escuchar a Julio Anguita, una gran figura política y un referente ético, presidente del PC español durante muchos años y recientemente fallecido, porque muestra valores y sentidos políticos y sociales indispensables para una democracia y una sociedad más igualitaria. Hace bien escucharlo e incorporarlo a nuestros quehaceres, especialmente ahora en que nos encontramos huérfanos de referentes significativos.

Asamblea constituyente

Cada habitante de un país, de cualquier condición y formación, tendrá siempre mucho que decir -y más certeramente dicho- sobre lo que le parece importante, sobre las necesidades de la vida cotidiana que observa en sí mismo o en otros, sobre sus deberes y derechos, sobre sus estudios o trabajos, sobre lo que hace o querría hacer, sobre sentirse o no incluido y respetado en sus diferencias.

Existen varias maneras para tener una nueva Constitución; a mi juicio, la as adecuada es la Asamblea, porque a través del sufragio popular se elige un grupo de personas muy variado, para discutir, conversar, proponer, construir… un texto que recoja ideas, aspiraciones, necesidades, valores, derechos.

El trazado del camino a una nueva Constitución requiere la presencia y las ideas de cada uno de nosotros, aunque no seamos especialistas en temas jurídicos ni dominemos ese lenguaje. Realizar un plebiscito para que las personas digan si quieren una nueva Constitución es el inicio del camino; algunas voces, Fernando Atria entre otros, han planteado que también debería plebiscitarse el mecanismo: Congreso, Asamblea Constituyente, proceso mixto con parlamentarios.

Una Asamblea Constituyente tiene mayores posibilidades de recoger de manera democrática en cada región del país las voces de hombres y mujeres, de los pueblos originarios, de los ciudadanos en su conjunto, durante un tiempo suficiente y acotado, que permita informarse, discutir y consensuar.

En pandemia

Lamentaremos siempre los efectos de una pandemia como esta, la alta cifra de muertos que no golpea por igual a toda la sociedad, sino de acuerdo a la gigantesca desigualdad existente. El COVID-19 ha evidenciado también la falta de un Estado capaz de atender a esa inmensa humanidad que está presente en todos los continentes y que lo necesita. La falta de políticas públicas contundentes y efectivas para quienes no pueden pagar dichos servicios. También, la presencia de políticos, profesionales, dirigentes, intelectuales que, preocupados de estas situaciones, alcen su voz y vean más allá de las cifras y promedios (engañosamente) exitosos.

La pérdida del trabajo tampoco afecta por igual a todos, porque las empresas reflejan esa misma desigualdad; legalmente pueden aumentar los salarios mediante bonos que no pasan al total imponible, lo que se reflejará -desde luego- en el monto de sus fondos al momento de jubilar. Una situación similar se da ahora con la llamada “suspensión laboral”, en que las empresas mantienen la “vinculación” con sus empleados, pero estos deben acudir al seguro de cesantía, para recibir el 70% del salario de forma decreciente mes a mes: y ese dinero sale de los fondos previsionales del trabajador.

A nivel mundial, y en Chile desde luego, hemos visto cómo las empresas de todo tipo presionan a los gobiernos a volver a la “normalidad”; empresas donde también están la educación y la salud, en condiciones similares a los malls y supermercados.

Muchas familias tienen hambre, porque un gran porcentaje de ellas vive de lo poco que comercia cada día. ¿Cómo es posible ofrecer canastas sin convocar a los municipios desde el inicio, que conocen mejor que nadie las necesidades de su comuna? ¿Ha pensado alguien si quien recibe la canasta tiene gas/parafina para cocinar? ¿Sabe alguien que en muchas comunas detrás de una puerta no vive una familia sino varias?

Si bien hay países que han operado mejor que otros, entre ellos Irlanda, sin duda esta pandemia refleja el reinado del modelo económico neoliberal sin contrapesos, donde las empresas de todas partes pueden acudir a múltiples, oportunas y abundantes ayudas (bancarias, estatales, jurídicas), porque los sistemas de gobierno están claramente a su disposición: la contienda es desigual, porque el poder político está en manos del poder económico y claramente a su servicio.

Para terminar, el final de Don Quijote de la Mancha, porque las palabras del para siempre transformado y querible Sancho son una invitación a no perder de vista aquellos ideales por los que hemos luchado toda la vida:

– ¡Ay! -respondió Sancho llorando-. No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese de esa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante, le derribaron; cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana”.

P.S. Recomiendo leer los siguientes textos, ambos en Internet:
“Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”, PNUD, 2017.
“Diez años de auditoría a la democracia. Antes del estallido”, PNUD, 2019.