por Josefina Muñoz V.

Asistimos al segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, recurso que ha concitado grandes críticas de los sectores empresariales, pero también de un amplio espectro de partidos de derecha y de izquierda. El contexto ha sido de pandemia y pérdida de trabajo por dicha razón, pero también por las respuestas poco efectivas de parte del gobierno.

El que muchas empresas hayan podido acogerse a los pactos de suspensión de contrato laboral, algunas con razón y otras no, ha disminuido los recursos mensuales de quienes deben enfrentar sus mismos gastos fijos con menos dinero, ya que los montos recibidos vía seguro de cesantía disminuyen mes a mes y son un porcentaje del sueldo.

Los trabajadores han debido hacer uso de los fondos del seguro de cesantía -sus fondos-, los que cubren al inicio el 70% del salario mensual y se mantienen por cinco meses, disminuyendo mes a mes. Recordemos también que la mitad de los trabajadores del país gana $300.000 o menos, mientras un alto porcentaje de jubilados gana, con suerte, la mitad de esa cifra. No he leído reclamos empresariales o políticos por esta medida.

La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile (AFC Chile) es una empresa privada creada para administrar el Seguro de Cesantía. En enero de 2002 ganaron la licitación pública por 10 años y recientemente se les renovó por otros 10. ¿Y quiénes son sus accionistas? Sorprendente: todas las Administradoras de Fondos de Pensiones que operan en el país: Provida, Habitat, Capital, Cuprum y Planvital.

El economista Andras Uthoff ha abordado desde hace tiempo el tema pensiones. Respecto al retiro del 10% lo entiende como una respuesta a las deficientes propuestas del gobierno frente a la crisis provocada por la pandemia que, hay que tener siempre presente, no golpea a todos los habitantes de igual manera por las enormes desigualdades que existen.

En sus palabras, “Chile no tiene un sistema de pensiones como tal, ya que no considera más que un ahorro personal y no se enmarca dentro de un sistema de seguridad social”. (…) “Aún expertos internacionales dicen que al sistema le falta un componente de seguridad social, que pueda combinar las cotizaciones de las personas, el aporte del Estado y el de los empleadores para solidarizar con toda la fuerza de trabajo”. (Entrevista en Interferencia, Lissette Fossa 11 de julio de 2020).

(…) “Aquí lo que hace falta en Chile para la contingencia es que el gobierno financie una renta base para la ciudadanía, de modo que esta se pueda quedar en sus casas en el confinamiento, a riesgo de que si no se quedan aumenta el contagio, la muerte y se extiende la pandemia. (…). Sin embargo, no lo ha hecho o lo ha hecho de forma insuficiente (…)”.

Las urgencias del presente y saber que la jubilación estará a una distancia sideral del sueldo de cualquier monto que sea, hace fácil tomar la decisión de retirar el 10% las veces que esté disponible la alternativa. Por otra parte, es significativo que un alto porcentaje de las personas que lo retiró, pagó sus deudas.

El economista Andrés Solimano, señala ya en 2017 una serie de gravísimos problemas estructurales del sistema de previsión, cada uno de los cuales debería generar una gran discusión social y de los que nombro algunos: “bajas pensiones, altísimas tasas de ganancia de las AFP (…), redireccionamiento del ahorro previsional hacia los grandes conglomerados económicos (…), desnacionalización de la industria (…), comisiones implícitas poco transparentes, grandes brechas de beneficios entre hombres y mujeres, y entre civiles y militares (La Tercera, 1 de abril de 2017).

Enfatiza también la lucha desatada respecto a qué hacer con el 5% de cotización a cargo de los empleadores y la posibilidad de ocupar otras alternativas. También, aboga por la derogación del decreto ley 3.500 de 1981 que asegura el monopolio de las AFP.

Uthoff y otros profesionales son partidarios de que el actual sistema se transforme en un sistema de seguridad social, ya que el que tenemos es un sistema individualista, ajeno a cualquier parámetro solidario, porque está basado en el ahorro personal.

Los derechos económicos y sociales forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y han sido ratificados por Chile. La actual Constitución deja en manos de los legisladores el cómo se garantiza el acceso universal a prestaciones básicas y esenciales. Así, hay complejas interpretaciones y discusiones en relación a la seguridad social, pero se ha excluido de ellas el tema de las pensiones y su financiamiento. Este sí es un tema estructural, ya que lo que tenemos se ha construido sobre la lógica del ahorro individual.

Toda Constitución establece un régimen de derechos económicos y sociales: seguridad social, educación, salud, vivienda, trabajo y salarios justos, entre muchos otros. La Constitución de 1980 (art. 19 N°18) aborda el derecho a la seguridad social de manera general en tanto señala que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas.

El Estado que necesitamos debe tener un rol muy diferente al que le asigna la Constitución de la dictadura, estrictamente subsidiario, y debe ser capaz de garantizar a la sociedad un trato igualitario en dichos temas: educación, salud, trabajo, vivienda, pensiones, resguardando la paridad de géneros y dando presencia social y política a nuestros pueblos originarios. La subsidiariedad le permite aplicar parches insuficientes y la desigualdad se traduce en la extrema segregación que invisibiliza al 90% de la población de distintas maneras, a veces extremas.

La Constitución que nos rige no puede dar respuestas adecuadas a las demandas sociales, porque fue pensada y escrita para ignorarlas. En el caso de la seguridad social, cambiarla requiere la mayoría absoluta de diputados y senadores. Por esas razones y tantas otras, uno de los detonantes de las grandes protestas, fue el sentimiento profundo de haber sido avasallados durante décadas en los derechos básicos a la salud, al trabajo, al estudio, a una vivienda digna, a recreación. Y eso es lo que se describió tempranamente con la frase “Chile despertó”; un despertar desde la desesperanza, la desilusión, la falta de referentes políticos y éticos, pero también un despertar que logró decir a viva voz que no teníamos nada de lo que nos habían hecho creer que teníamos, como un símil del cuento El traje del emperador.

Volviendo a Uthoff, del artículo “Rescatando la seguridad social” (Especial Palabra Pública N° 16, 2019) unas citas que explican con claridad la situación actual en el tema de la seguridad social:

“Quienes en 1990 recuperaron la democracia y sus instituciones, prometieron la alegría administrando un modelo económico que traía enraizada una tremenda omisión. Uno que privilegiaba el mercado y relegaba al Estado a un rol exclusivamente subsidiario. Un modelo que prometía alcanzar el desarrollo del país sin seguridad social. Esto le impidió cumplir con sus promesas.

El mercado no vela por la protección social. No provee los servicios en cumplimiento de los derechos sociales de aquellos habitantes del país que no tienen la capacidad para comprarlos. No genera seguridad social, entendida como la provisión de medidas públicas destinadas a evitar privaciones económicas y sociales que, de otro modo, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Esto también abarca la protección en forma de prevención y asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

La seguridad social se hizo desaparecer con tres medidas implícitas de la dictadura y su Constitución. Primero, la cotización que trabajadores y empleadores aportaban por trabajar e ingresaban a cajas donde el Estado actuaba en calidad de patrocinador, se transformó en una cuota de ahorro de propiedad exclusiva del trabajador y que obligatoriamente se debía depositar en administradoras de fondos de pensiones (AFP) con fines de lucro. Segundo, el empleador se eximió de contribuir al sistema, excepto por una pequeña prima para un seguro de invalidez. Tercero, el Estado asumió el financiamiento del costo fiscal de transitar desde un sistema de reparto a uno de capitalización en cuentas individuales, y se comprometió a regular y supervisar una industria de administradoras de fondos de pensiones”.

Es urgente realizar cambios estructurales capaces de atender las necesidades básicas de la sociedad de la manera más igualitaria posible. Dichas necesidades se relacionan estrechamente con derechos humanos, derechos y no servicios que deben pagarse, en un país como el nuestro que tiene una extrema desigualdad salarial. Aquí es el Estado el que debe dar respuestas oportunas y justas a quienes no pueden pagar por ellos.

Muchas familias tienen hambre, porque un gran porcentaje sobrevive de lo poco que comercia cada día. Las ayudas han sido bajas y siempre mezquinadas y condicionadas. ¿Cómo es posible entregar canastas sin haber convocado a los municipios desde el inicio, que conocen mejor que nadie las necesidades de su comuna? ¿Han pensado si quien recibe la canasta tiene gas/parafina para cocinar? ¿Se consideró que en muchas comunas detrás de una puerta no vive una sino varias familias?

Harald Beyer, economista, rector de la Universidad UAI, frente a la pregunta “¿Qué servicios han fallado frente a la pandemia? responde: En general diría que son todos los servicios y el Estado no tiene músculo en lo relacionado a transferir recursos a las personas, ahí se han demostrado muchas falencias. (…) Toda la institucionalidad social de apoyo a las personas que sufren emergencias de ingresos ha demostrado falencias y eso habla, no solo de la coyuntura, sino de una mala manera de llevar adelante la política social, que se prolonga por mucho tiempo”. Y respecto a la modernización del Estado: “Hay que arrasar con el archipiélago de programas sociales que existen, muchos de los cuales no han logrado los objetivos para los cuales se han creado. Estos deberían ser utilizados para aumentar las transferencias monetarias a los hogares sin muchas condiciones. Es lo que llamo un pilar solidario más generalizado, que funcione como un acordeón: se expande en momentos de crisis y se reduce en tiempos normales”. (El Mercurio, 27 de diciembre de 2020)

Si bien hay países que han operado mejor que otros, entre ellos Irlanda, sin duda esta pandemia refleja el reinado del modelo económico neoliberal sin contrapesos, donde las empresas de todas partes pueden acudir a múltiples, oportunas y abundantes ayudas (bancarias, estatales, jurídicas), porque los sistemas de gobierno están claramente a su servicio. La contienda es desigual, porque el poder político está en manos del poder económico empresarial y claramente entrelazados.

Dos artículos de Daniel Matamala, para recordar y tener presente, porque muestran otros ángulos. En “El sistema imperante (La Tercera, 12 de abril de 2020) queda en evidencia el sistema que entrega mucho dinero a unos y muy poco a otros, porque (solamente) en este último caso se pondría en peligro la economía: “En Chile sólo en 2019, la banca ganó 3.403 millones de dólares, 16 veces lo que el Estado está gastando en el bono a trabajadores informales afectados por la crisis”. (…) En 1983 el fisco rescató a la banca para evitar el colapso del sistema financiero. Los bancos habían hundido a la economía con prácticas irresponsables y, en algunos casos, delictuales. Pero, mientras millones de chilenos se ahogaban en el 25% de desempleo, el PEM, POJH y el zarpazo al 10,6% de las pensiones de los jubilados, la banca recibía un salvavidas lleno de intereses cruzados entre autoridades y banqueros; el biministro que intervino la banca venía del Banco de Chile”. Agrego que este biministro era Rolf Lüders, gran apoyo de la dictadura.

Y en un segundo artículo, “¡Mierda! ¡La economía!” (La Tercera, 19 de abril de 2020), señala que 56.986 empresas se acogieron a la ley que les permite suspender el pago de sueldos y los empleados debieron acogerse al seguro de cesantía; 300.000 trabajadores fueron despedidos solo en marzo. Señala también que -en ese contexto- “Las AFP Habitat y Capital informaron que planean repartir entre sus dueños $46.000.000.000 en dividendos, poco después de que se informara que cada afiliado a las AFP había perdido en promedio 2 millones de pesos en el primer trimestre”.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, (El Mercurio, 25 de enero de 2020), afirma que “Chile era siempre observado como uno de los países de la OCDE con mayores niveles de desigualdad”. Respecto a la situación en EE.UU. y las candidaturas de Sanders y Warren, afirma: “Son programas socialdemócratas que yo denomino capitalismo progresista. (…) No se trata de que el Estado sea el dueño de los medios de producción, no. Están básicamente diciendo que el sistema capitalista, la economía de mercado, ¡debe funcionar para la gente! ¡Debe servir a la sociedad! Y la manera como fue organizado por los Chicago boys no funcionó, no sirvió a la gente, sino al 1%. Esa idea ahora está totalmente desacreditada”.

El COVID-19 ha evidenciado la falta de un Estado capaz de atender a esa inmensa humanidad que está presente en todos los continentes y que lo necesita, así como la ausencia de políticas públicas contundentes y efectivas que den respuesta a las necesidades de la mayoría de la población que gana apenas para sostener una sobrevivencia.

Organizaciones sociales, habitantes del país, hombres y mujeres, políticos, profesionales, dirigentes, gremios, intelectuales, deben alzar sus voces y ocupar los espacios públicos para expresar sus ideas, preocupaciones, necesidades, sueños, peticiones, y denunciar aquello que está invisibilizado por las cifras y promedios (engañosamente) exitosos. Esa es una labor que deberán enfrentar también los futuros constituyentes.

 

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